En coincidencia con los 60 años de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de la ONU, el gobierno de Cristina cumple su primer año de gestión. Una ocasión para hacer un balance del "Gobierno de los derechos humanos": repasando algunos de los principios de la ONU y las políticas de Estado de nuestro país, sabremos cuál es la vigencia de los derechos del hombre en la era K.
"Me siento orgullosa de poder mirar al mundo y que el mundo nos mire como ejemplo de plena vigencia de los derechos humanos".
Cristina Fernández de Kirchner, 1/04/2008.
Algunos sectores retrógrados suelen utilizar la expresión "los de los derechos humanos", cuando señalan con desprecio a los luchadores sociales. Néstor Kirchner, sin embargo, convirtió el tema en uno de sus caballitos de batalla; y revisando las responsabilidades del Estado durante la última dictadura militar supo convertir a varios de los principales dirigentes de los organismo históricos en referentes de su movimiento político. Cristina Fernández estableció una continuidad en este sentido, y cada vez que puede reitera que los derechos humanos y la distribución de la riqueza son prioritarios en su política de gobierno. Para cotejar los deseos presidenciales con la realidad, echamos un vistazo por algunos pasajes de la declaración de la ONU sancionada el 10 de diciembre de 1948.
En su artículo 5, la declaración de la ONU afirma que "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". En la Argentina desde 1983 rige el sistema democrático. Pero desde esa fecha a la actualidad 2468 personas murieron en manos de las fuerzas de seguridad dependientes del Estado. Desde el 25 de mayo de 2003, cuando el proyecto kirchnerista llegó a la casa rosada, los casos registrados suman 976, de los cuales 134 ocurrieron en los 10 meses transcurridos en este año 2008 bajo la presidencia de Cristina Fernández. La mayoría de estos casos son jóvenes y de bajos recursos. En las causas judiciales se confirmaron centenares de tormentos, torturas y vejaciones practicados en el interior de los edificios oficiales y de manos de los agentes del Estado. De manera que quienes deben velar por la seguridad con la fuerza de la ley en una mano y la vigencia de los derechos humanos en la otra, son responsables de casi 2500 asesinatos en democracia. Quizás dentro de 30 años un gobierno de recambio reconozca a estos muertos anónimos y les levante un monumento o un museo en su memoria.
Otro de los artículos de la declaración de la ONU de 1948 afirma que "nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, al tiempo que la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas". Sin embargo Mailén, una nena de 16 años, podría confirmar una y mil veces que eso no se cumple. Ella es boliviana y trabajó dos años en un taller textil ubicado en Buenos Aires, donde le pagaban $ 1,30 por cada pantalón de jean que confeccionaba. Una prenda que no muy lejos de ese mismo taller se oferta a $ 70 en las vidrieras. Luego de dos años de trabajar en las penumbras del salón clandestino montado en un garaje, decidió denunciar a su empleador por medio de los abogados de la ONG La Alameda, quienes ofrecen protección a los inmigrantes y luchan contra la trata de personas y el trabajo esclavo. Mailén tuvo un hijo hace un mes. Mientras lo llevaba en su vientre, se pasaba quince horas en la máquina de cocer. Su marido, quien también trabajó en el taller clandestino, registró las condiciones en las que vivían en un video que será usado como prueba de denuncia a partir de ahora, cuando se animaron a pedir ayuda. Según la ONG La Alameda solo en Capital Federal hay dos mil talleres clandestinos.
A partir del incendió que acabó con un taller textil el 30 de marzo de 2006, en el que murieron 6 personas ( 5 de ellos niños de entre 3 y 15 años), el conflicto llegó a los grandes medios y el gobierno pareció asumir la gravedad del asunto. En pocas semanas fueron cerrados 900 talleres con una clausura administrativa y hasta un funcionario se animó a prometer que en 90 días acabaría con el trabajo esclavo. Pero de esas 900 clausuras, el 90 por ciento fue violada a los pocos días y los talleres volvieron a funcionar como si nada, según el vocero de La Alameda. El tema ya no integra las prioridades del gobierno y quedó relegado a un margen de la agenda oficial. Las cámaras de TV y las tapas de los diarios ya no distinguen cuál de sus anunciantes somete a sus trabajadores. Los talleres siguen produciendo a $1,30 por prenda y los esclavos siguen siendo miles y miles. Según La Alameda, quienes trabajan en talleres clandestinos en condiciones de esclavitud en la ciudad de Buenos Aires, suman más de 20 mil personas. Ellos reciben más de 20 denuncias semanales por sometimiento.
El pasado 8 de agosto, la presidenta Fernández afirmó: "Tenemos que generar mejor trabajo, trabajo que no esté en negro, trabajo que sea bien remunerado, trabajo donde se respete la dignidad de todas y de cada una de las personas". Claro que no hablaba de los esclavos de la industria textil porteña. Pero tampoco se refería a los miles de nuevos empleados de la multinacional estadounidense Wal-Mart.
Wal-Mart es en la actualidad el principal empleador privado en Estados Unidos con más de 7.400 tiendas y más de 2 millones de empleados en todo el planeta. En la Argentina se instaló en 1995 y tiene actualmente 21 sucursales en distintos puntos del país. Si bien la declaración de los derechos del hombre afirma en su articulo 23, inciso 4, que "toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses", la empresa fundada por Sam Walton expulsa a aquellos empleados que intentan organizarse. La prestigiosa organización de derechos humanos Human Rights Watch elaboró un informe donde denuncia a la firma norteamericana por su política corporativa para mantener sus tiendas libres de sindicatos y la reconocida revista estadounidense Multinacional Monitor la integró en la lista de las "diez peores corporaciones" en el 2004. En nuestro país, el titular de comisión de trabajo de la Cámara de Diputados Héctor Recalde, miembro del bloque oficialista, reconoció que Wal-Mart ha violado la Ley Antidiscriminatoria y el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ambos vigentes en nuestro país. Sin embargo, la presidenta Fernández y su marido festejaron cel 25 de septiembre de 2007 con sonrisas y un brindis, una nueva inversión que la compañía está realizando en Argentina, creando 3000 nuevos puestos de trabajo con derechos recortados.
Al cumplirse 60 años de la declaración de la ONU, su vigencia se complementa con las nuevas definiciones que aporta la legislación universal. Una de esas definiciones afirma que los derechos humanos son una sumatoria de los derechos sociales, culturales y económicos, al tiempo que sugieren una equitativa distribución del ingreso. Esta sugerencia fue acogida por la Presidenta, quien a lo largo de este 2008 regresó al tema una y otra vez durante sus discursos. "Saludo a este proyecto político de inclusión social, de redistribución del ingreso, de la vigencia irrestricta de los derechos humanos, que por primera vez llega a mi país, la Nación Argentina", pronunció la Presidenta el 1° de agosto. Pero al llegar a su primer año de gestión, las cifras oficiales que permitirían comprobar si existe realmente una distribución equitativa de los ingresos, quedan sujetas a la disposición del cuestionado INDEC. Algunos datos alternativos surgen del trabajo de un grupo de economistas del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos. Ellos afirman que el salario real y las condiciones de vida de los trabajadores mejoraron, pero no su participación en la distribución del ingreso, debido a que el Producto Bruto Interno del país creció por encima de la masa salarial. Esto significa que aumentó la actividad financiera, pero ésta no fue acompañada por una distribución. Según los profesionales el índice actual de pobreza es del 31,6%, que significa más de 12 millones de personas. También señalan que en el 2008 la pobreza aumentó 1,3% respecto al semestre anterior y 4,7% en comparación con el primer trimestre del 2006. Sus sondeos señalan que un 10,8% de la población, más de 5 millones y medio de personas, viven en la indigencia.
El próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, será una jornada de aniversario y balance. Una invitación a establecer la distancia entre el discurso y la realidad. Entre la vigencia y la violación.
Federico Randazzo
Esteban Aguirre
Estefanía Alves
Lourdes Landeira
Cecilia Iglesias
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